Edgar Elías: «En comparación con las opciones de resolución jurisdiccional, las posibilidades de solución que ofrece la mediación para la crisis hipotecaria son prácticamente ilimitadas»

Edgar Elías Azar es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Edgar Elías Azar es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Entrevistas
(19/09/2011)

 

Edgar Elías Azar (Acapulco, México, 1946) es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México (UNAM), en 1970, ha trabajado durante casi cuarenta años en la administración pública, tanto federal como estatal, y ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos de responsabilidad: director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero, director jurídico de la Administración del  Patrimonio de la Beneficencia Pública, director de Normatividad y  Control de la Dirección General de Adquisiciones, director de  Legislación y Consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,  secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. Ha sido académico y catedrático de diversas universidades (Acapulco, Anáhuac del  Sur, Iberoamericana, ITAM, Escuela Libre de Derecho e Instituto de  Investigaciones Jurídicas de la UNAM). Asimismo, ha participado como ponente y  conferenciante en instituciones públicas y privadas, y como representante  de México en foros internacionales.  Ha participado también en trabajos legislativos, de los que se han derivado importantes  reformas a leyes relacionadas con la Administración de Justicia. Ha  publicado diversos libros y participado en revistas.
Edgar Elías Azar es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Edgar Elías Azar es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Entrevistas
19/09/2011

 

Edgar Elías Azar (Acapulco, México, 1946) es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México (UNAM), en 1970, ha trabajado durante casi cuarenta años en la administración pública, tanto federal como estatal, y ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos de responsabilidad: director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero, director jurídico de la Administración del  Patrimonio de la Beneficencia Pública, director de Normatividad y  Control de la Dirección General de Adquisiciones, director de  Legislación y Consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,  secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. Ha sido académico y catedrático de diversas universidades (Acapulco, Anáhuac del  Sur, Iberoamericana, ITAM, Escuela Libre de Derecho e Instituto de  Investigaciones Jurídicas de la UNAM). Asimismo, ha participado como ponente y  conferenciante en instituciones públicas y privadas, y como representante  de México en foros internacionales.  Ha participado también en trabajos legislativos, de los que se han derivado importantes  reformas a leyes relacionadas con la Administración de Justicia. Ha  publicado diversos libros y participado en revistas.

 

 

El título de la conferencia que impartió el 14 de junio en la Universidad de Barcelona es «La administración de justicia como proveedora de soluciones justas». Un ejemplo de «solución justa» es, precisamente, una iniciativa pionera que se ha puesto en funcionamiento desde el Tribunal Superior de Justicia a través del Centro de Justicia Alternativa, para gestionar las hipotecas impagadas y, por el momento, el balance es muy positivo. ¿Cómo surgió la idea? 
Cuando se creó nuestro Centro de Justicia Alternativa, en 2003, se planteó la mediación para ofrecer la posibilidad de que las personas solucionaran sus conflictos sin autoridades, con la asistencia de un mediador profesional, como un mecanismo complementario al servicio de la justicia ordinaria. El servicio de mediación se ofreció inicialmente sólo en materia familiar y, en 2006, se introdujo en las materias civil y mercantil. El descomunal crecimiento en los asuntos civiles y mercantiles ―mayoritariamente promovidos por bancos e hipotecarias―, que prácticamente llegó a duplicar en el 2009 las cargas de trabajo del Tribunal, nos obligó a atajar los asuntos que promovían esos grandes litigantes para propiciar su solución con la mediación y evitar que llegaran todos a los juzgados. Hacia finales del 2008 diseñamos proyectos de sinergia que propusimos, entre otras instituciones, a la entidad hipotecaria más grande de México, el Infonavit, así como a la Asociación Hipotecaria Mexicana, que agrupa a todas las hipotecarias del país. Esos proyectos se formalizaron en convenios de colaboración con el objetivo de que los conflictos entre acreditados e hipotecarias se solucionaran a través de la mediación.  
 
¿Qué beneficios tiene este modelo de gestión y qué soluciones ofrece a los propietarios? 
En comparación con las opciones de resolución jurisdiccional, las posibilidades de solución que ofrece la mediación son prácticamente ilimitadas. Con la mediación es posible ahorrar dinero, tiempo y desgaste personal, como lo prevé el principio de economía que la rige. Facilita (con creatividad) la solución a la medida de las necesidades de las partes, en un esquema en el que todos ganan y que permite superar el síndrome del ganador-perdedor, presente en todos los niveles de la actividad judicial. En la mediación, los protagonistas ofrecen alternativas de solución, pueden plantearse diversos escenarios para dar cumplimiento a los contratos originales. En cambio, en un proceso judicial, la litis únicamente se sustenta en los términos de dichos contratos. Por ello, cuando los acreditados y la hipotecaria construyen la solución al conflicto que les aqueja y lo plasman en un convenio que, por cierto, tiene el mismo peso que una sentencia, el patrimonio familiar se sostiene, se reestructura la deuda y se recupera la certeza y la confianza mutua.
 
¿Qué es exactamente el Infonavit y cómo funciona? 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio; es la institución hipotecaria más grande de México, de carácter social y tiene como objetivo proveer financiamiento para satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores derechohabientes y acreditados. Es la institución responsable de administrar el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, que está integrado por aportaciones de patrones y trabajadores y que permite el otorgamiento de créditos hipotecarios baratos. Según información del propio Instituto, el año pasado otorgaron 475.000 créditos y este año se tiene como meta el otorgamiento de otros 480.000, que beneficiarán a igual número de familias.
 
¿Podría llevarse a cabo este sistema sin la ayuda de un mediador civil y de la buena disposición de los bancos?
La mediación sin la participación de un mediador no es posible; en todo caso, podría optarse por otra vía de solución, como la negociación. Sin embargo, debe considerarse que la negociación tiene un alcance limitado, puesto que es común que una de las partes sea mucho más poderosa que la otra, lo cual coloca a esta última en una situación de franca desventaja derivada de la inequidad existente. Otra desventaja se presenta cuando el diálogo se estanca; es decir, cuando se entra en un impasse en el que las partes se aferran a posiciones irreductibles. Con la mediación, el mediador reconduce el diálogo para que las partes se centren en sus intereses y necesidades, los cuales pueden ser satisfechos con diversas propuestas de solución; es decir, por diferentes posiciones y no solamente por una. En nuestra experiencia, hemos observado que las instituciones hipotecarias y los acreditados que han optado por la mediación han solucionado sus controversias en un alto porcentaje, lo cual muestra la buena disposición de ambas partes.
 
¿Cree que podría exportarse el modelo a otros países? ¿Funcionaría, por ejemplo, en España?
Estamos ciertos de que el modelo que hemos construido en Ciudad de México está lo suficientemente probado, de tal suerte que ha sido replicado en otros estados de la república. Baste mencionar que el 95 % de las mediaciones que se atendieron el año pasado en materia civil-mercantil correspondieron a asuntos hipotecarios. Es muy probable que nuestro modelo sea de utilidad en otros países, desde luego en España, y vendría a despresurizar la tensión social que existe en torno a los conflictos inmobiliarios e hipotecarios. Para adoptar el modelo que tenemos en México, será necesaria su adopción en el ámbito legal. Es decir, su construcción habrá de estar sustentada en la Ley, para lo cual deberá realizarse los estudios legislativos correspondientes. Sin embargo, algo muy importante será que las instituciones hipotecarias busquen, diseñen y propongan alternativas de solución a los afectados para que en cada caso existan soluciones reales y viables a estos conflictos.
 
¿Cree que ya hemos superado la peor parte de la crisis hipotecaria que estamos atravesando?
Sin ser un experto en estos temas, puedo comentar que la crisis económica de carácter global originada en los Estados Unidos de América, por los manejos financieros con sus hipotecas, parece estar bajo control aunque todavía persisten algunos de sus efectos. Los expertos señalan que detrás de una crisis hipotecaria generalmente se identifican, entre otros aspectos, los siguientes: creciente desempleo, tasas de interés altas y variables, inflación, cambios en las políticas de otorgamiento de crédito, falta de instrumentación de mejores prácticas contables, así como falta de capacidad de capitalización de las sociedades hipotecarias. En México, hace 16 años, tuvimos una grave crisis económica que incluyó una crisis hipotecaria. Si bien en la actualidad se tienen problemas de cartera vencida en la materia, las instituciones hipotecarias se han ido recuperando, se han ido capitalizando y ha repuntado la demanda de líneas de crédito, lo cual beneficia a la sociedad en su conjunto. Tengo entendido que la mayor parte de las hipotecas que se han otorgado en México en los últimos diez años tienen una tasa de interés fija, plazos más amplios, pagos indexados al salario mínimo y un seguro de desempleo, que por lo menos cubre los pagos mensuales por algún tiempo. Cabe reconocer que las instituciones crediticias han aprendido que, frente a una crisis, es mejor intentar encontrar una solución negociada a los conflictos hipotecarios, a través de la mediación, que iniciar un largo y desgastante juicio, el cual, en el largo plazo, perjudica tanto al acreditado como a la institución otorgante y, además, implica enormes cargas de trabajo para los juzgados.
 
¿Cuál fue el problema de origen? ¿Se concedieron demasiados créditos? ¿Se podía haber evitado el problema? ¿De qué forma? Me parece que el origen y los elementos que contribuyen a la generación de una crisis hipotecaria varían de país en país y de contexto en contexto. En el caso de México, la crisis financiera de 1995 conllevó diversos desequilibrios en la vida económica del país, que se tradujeron en altos niveles de inflación, depreciación de nuestra moneda, altas tasas de interés y niveles graves de desempleo. El mercado hipotecario es parte fundamental de la economía y, por ende, se vio afectado de manera muy negativa. Pero más que el otorgamiento indiscriminado de créditos, a diferencia de la crisis estadounidense de 2008, en México los factores que más incidieron en la crisis hipotecaria fueron la inflación y la pérdida de empleos. La pérdida del poder adquisitivo de la gente fue brutal. Hay quienes sostienen que esta crisis económica pudo evitarse; otros afirman que simplemente fue el resultado lógico de problemas estructurales del manejo de la economía. Dejemos este debate a los economistas. Lo que sí puedo afirmar es que pudo evitarse una crisis judicial como la que vivimos en aquellos tiempos, de haber contado con un sistema de mediación en sede judicial como el que hoy existe en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.