La autonomía universitaria, ¿amenazada por la política y la ley de datos de la UE?
La arquitectura digital de las universidades depende cada vez más de plataformas dominantes de empresas privadas. Al mismo tiempo, no está claro cómo afecta a las universidades la legislación europea de datos que se está debatiendo actualmente. Los rectores de los centros que integran la Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU) han aprobado una declaración que plantea la necesidad de reconocer la importancia de los datos públicos, su gobernanza y su acceso, y que se dirige a los actores implicados: legisladores, proveedores digitales, universidades e industria.
La arquitectura digital de las universidades depende cada vez más de plataformas dominantes de empresas privadas. Al mismo tiempo, no está claro cómo afecta a las universidades la legislación europea de datos que se está debatiendo actualmente. Los rectores de los centros que integran la Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU) han aprobado una declaración que plantea la necesidad de reconocer la importancia de los datos públicos, su gobernanza y su acceso, y que se dirige a los actores implicados: legisladores, proveedores digitales, universidades e industria.
Los datos son el petróleo que impulsa el desarrollo de la economía, la academia y las sociedades en todo el mundo. En este contexto, las universidades tienen un papel importante. Son guardianas de una cultura común del saber y un agente de nuevos conocimientos. Sin embargo, dependen cada vez más de las empresas de plataformas dominantes, que se han convertido en motor del diseño de los entornos de aprendizaje y enseñanza de las universidades públicas. Estas empresas definen y dirigen las arquitecturas digitales de las universidades a través del hardware y el software que crean, limitando a los usuarios y proveedores. Según los rectores de la LERU, este modelo amenaza la autonomía institucional y la libertad académica, lo que daña el papel de la universidad en la sociedad.
La principal legislación europea de datos, actualmente en marcha, está dando lugar a una pregunta clave: cómo afectan específicamente estos nuevos marcos legales a las universidades. La LERU teme que las universidades de la UE se equiparen a otros sectores del mercado. «Es importante que los intereses públicos de las universidades queden claramente diferenciados de los intereses privados de las empresas tecnológicas a la hora de redactar esta legislación», apunta el rector de la UB, Joan Guàrdia. «Las universidades deben ser reconocidas por su valor público y ser consideradas como estructuras esenciales para la sociedad», añade.
En esta Declaración sobre datos, la LERU hace un llamamiento a todos los grupos de interés implicados en la redacción y el desarrollo de medidas para que estas incluyan tanto infraestructuras como legislación destinadas a apoyar el almacenamiento público y el acceso a los datos de investigación gestionados por universidades y por infraestructuras públicas. También reclama impulsar las publicaciones de investigación universitaria de libre acceso, así como la disponibilidad de todos los datos subyacentes —desde algoritmos y metadatos hasta software— sin embargo. Otra reclamación es favorecer el control de la universidad sobre las herramientas digitales de aprendizaje y de investigación, como las de gestión de la productividad, los entornos de aprendizaje o las videoconferencias. Según el documento, estas herramientas deben suministrarse en parte como infraestructura pública y en parte a través de la colaboración con empresas de plataforma.
Liderado por Paul Ayris, pro-vice-provost del University College de Londres (UCL), el documento ha tenido el apoyo del Grupo de Información y Acceso Abierto de la LERU que lidera Ignasi Labastida, delegado del rector de la UB para la ciencia abierta.