David Bondia: «Autoridades y movimientos sociales debemos colaborar para construir políticas coherentes en materia de derechos humanos»

El proyecto tiene como objetivo crear una coalición de universidades públicas de ámbito estatal, despachos de abogados, periodistas y comunicadores, movimientos sociales y activistas que se estructuren en torno a un observatorio sobre las violaciones de los derechos humanos en contextos de protesta social. La crisis —económica, política, social y de valores— ha dado paso a una emergencia de la sociedad civil con propuestas y nuevas formas de construir políticas de derechos humanos. En este contexto, el proyecto pretende organizar un espacio seguro para que las campañas y los movimientos de la sociedad civil puedan desarrollar su tarea esencial de transformación social.

Defender a quien Defiende tiene, por tanto, un alcance estatal y multidisciplinar con el objetivo de sistematizar casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social e identificar los patrones de criminalización de los movimientos sociales. A partir de esta información, el proyecto activa una triple estrategia de incidencia formada por alertas comunicativas, defensa de casos que pueden crear precedentes e investigaciones con propuestas concretas. El objetivo fundamental es crear marcos regulatorios y políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, se quiere potenciar el derecho a la seguridad como un derecho humano y la seguridad en el ejercicio y el respeto de todos los derechos humanos.

¿Por qué este proyecto ahora y aquí, en España?

El proyecto nace como reacción contra el proceso de criminalización de los movimientos sociales en España, que va desde la represión violenta, en algunos casos, hasta la elaboración de un entramado legislativo (Ley de tasas judiciales, Ley de seguridad privada, reforma del Código Penal y proyecto de Ley orgánica de seguridad ciudadana) que pretende desarticular la protesta pacífica y reivindicativa de derechos y libertades.

No obstante, este proyecto también propone crear un nuevo concepto y marco regulatorio sobre el tema de la seguridad ciudadana, entendida desde la perspectiva de los derechos humanos. Son numerosos los informes y pronunciamientos emitidos desde instancias nacionales e internacionales que alertan de un menoscabo de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho.

¿Por qué la UB participa en este proyecto y qué papel desempeña en él?

Se trata de un proyecto que no va en contra de nadie, al contrario, pretende establecer puentes de diálogo entre todos los actores que deben participar en la construcción de políticas activas en materia de derechos humanos y libertades fundamentales: autoridades, fuerzas de seguridad, partidos políticos, movimientos sociales y personas individuales. Entendemos que la Universidad de Barcelona, mediante la Fundación Solidaridad UB, puede desempeñar un papel fundamental en la (re)construcción de este diálogo aportando su experiencia a la reflexión, el análisis y la presentación de propuestas para superar el clima de hostilidad que se ha generado en los últimos tiempos y servir de herramienta para canalizar la transformación que demanda la sociedad civil. No podemos quedarnos en silencio ante una deriva represiva, privatizadora y regresiva en materia de derechos humanos, por parte de las autoridades, y ante unas nuevas o renovadas formas de lucha y de protesta constructiva, por parte de la sociedad civil.

En este sentido, la UB tiene una participación muy destacada en dos de las ramas fundamentales del proyecto Defender a quien Defiende: la formación y la investigación. La Fundación Solidaridad UB ha diseñado el plan de formación y se encarga de coordinar las diversas formaciones que se están impartiendo a juristas, activistas y comunicadores sociales en Barcelona, Cádiz, Madrid y Bilbao. Asimismo, la Universidad también coordina la investigación, en la que participan varios equipos de investigación de universidades públicas de España e investigadores vinculados a movimientos sociales.

Toda esta labor de formación e investigación, ¿de qué forma se traducirá en acciones concretas de la Universidad?

Como ya he dicho antes, la UB coordina la formación y la investigación en este proyecto. La formación está teniendo muy buena acogida. Se estructura en dos módulos: uno general (para activistas, juristas, comunicadores sociales) y otro sobre cómo trabajar juntos. Esta formación sirve para dar contenido y generar discurso dentro de los diversos colectivos que participan en ella, pero también para fomentar la interacción entre ellos y mostrar la necesidad de trabajar de forma conjunta para lograr el mismo objetivo: no callar y perder el miedo a protestar cuando se pretende vaciar de contenido derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

En cuanto a la investigación —teórica y práctica— sobre el intento de contraponer seguridad y libertad para justificar determinadas acciones, la tarea de la UB, además de la coordinación general, consiste en reflexionar sobre la falta de adecuación de las acciones y de las leyes que existen en España en relación con los parámetros consolidados en el ámbito internacional. Aunque los informes que se generen no serán vinculantes para las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí serán una herramienta imprescindible ante instancias internacionales en caso de que no se sancionen o se corrijan las vulneraciones ante las instancias nacionales.

¿A qué objetivos finales se dirigen estas acciones?

Los objetivos concretos son mejorar los protocolos de selección, formación y actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en actuaciones vinculadas a contextos de protesta social; definir y ejecutar políticas públicas que protejan la seguridad ciudadana respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, y coordinar diferentes sectores y actores en favor de un objetivo común como es detener la criminalización de los movimientos sociales y perder el miedo a reivindicar derechos. Asimismo, se pretende crear un debate, coherente, articulado y reflexivo, sobre temas de seguridad, y evitar que se adopten leyes (como la propuesta de Ley sobre seguridad ciudadana) que cambian la presunción de inocencia de las personas detenidas en favor de la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad y que pretenden una huida de las garantías judiciales hacia un modelo de control administrativo que establece un derecho administrativo sancionador del enemigo (donde el enemigo es quien protesta).

En definitiva, el objetivo final es hacer entender que todos somos Estado, autoridades y movimientos sociales, y que debemos colaborar para construir políticas coherentes en materia de derechos humanos.